DECLARACION DEL COMITÉ NACIONAL Y FEDERAL DE LA UCR
En la actualidad resulta prioritario discutir en profundidad, con seriedad y serenidad las cuestiones más importantes de la agenda política. Sin embargo, las estrategias del gobierno de sortear el camino democrático y republicano, hacen percibir que la búsqueda de soluciones para los temas decisivos queda cada vez más lejos. Campo; pobreza o corrupción, entre otros, han sido desplazados por acción del kirchnerismo en su intento desesperado por enfrentar la desconfianza y el descrédito de la sociedad.
El tratamiento en el Congreso de una legislación central como la Ley de Medios Audiovisuales, cae en profundas irregularidades por el apuro y la falta de debate apropiado en un marco de inusitada violencia, impropio de cualquier poder del Estado.
La Argentina necesita una legislación moderna e integral sobre medios de comunicación y sus realidades tecnológicas, pero sobre todo precisa una ley que garantice las libertades de expresión, de opinión, de prensa y de acceso a la información; y, además, asegure pluralidad de opiniones, igualdad de acceso y democratización de la comunicación, evitando cualquier concentración.
Los rasgos claramente objetables del proyecto oficial nos obligan a oponernos. La tendencia al autoritarismo junto a las evidentes violaciones constitucionales y el manejo arbitrario, se manifiestan en la pretensión de una autoridad de aplicación dependiente del poder de turno, junto a una alta injerencia estatal en la aplicación de las normas y en el control del uso de las licencias. Por otro lado, el régimen sancionatorio exhibe una falta de determinación del procedimiento aplicable, como así también una imprecisión en las conductas prohibidas y sus sanciones, lo que lesiona el principio de legalidad.
Temas ignorados por la iniciativa oficialista como el manejo y control de la pauta publicitaria oficial o el derecho a la información pública, desnudan otro aspecto bien allegado al autoritarismo. La propuesta vuelve a lo que mas le gusta al kirchnerismo: la extorsión, el apriete y los condicionamientos.
Esta ley es el instrumento que le faltaba a Kirchner para replicar el modelo Santa Cruz. Por más cambios que ha intentado la Presidente o sus diputados, está claro que el núcleo duro quedó intacto: más restricción, menos democracia.
En función de sus principios liminares, doctrina e historia, UCR en su dictamen defiende las libertades y el cumplimiento de las normas internacionales que protegen los derechos democráticos básicos; al tiempo que expone la necesidad de ponerle un límite a este gobierno aún a riesgo de afectar muchos intereses.
Desde el Radicalismo advertimos que el Estado -en el uso de sus atribuciones- es el administrador del bien público “espectro radioeléctrico”, y en ese sentido, promovemos su regulación pero sin lesionar garantías constitucionales. Asimismo, establecemos normas restrictivas a la conformación de posiciones dominantes; sostenemos la distribución equitativa y federal de la pauta publicitaria oficial; promovemos el desarrollo de la emisión en todo territorio nacional; creamos una autoridad de aplicación independiente y autárquica del poder central; sustentamos un régimen federal de asignación de licencias, a través de autoridades locales; democratizamos las autorizaciones y licencias por concurso (oponiéndonos de la discrecionalidad que promueve el gobierno); y contemplamos la innovación tecnológica para, por ejemplo, la TV digital, entre otras cuestiones fundamentales.
Estas son las bases de una legislación de fondo, junto a las iniciativas relacionadas con la despenalización de los delitos de calumnias e injurias para el ejercicio del periodismo y el derecho a réplica, vienen a forjar una verdadera política pública en materia de radiodifusión. Es decir, el cuerpo normativo que la Argentina democrática del siglo XXI reclama.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
En la actualidad resulta prioritario discutir en profundidad, con seriedad y serenidad las cuestiones más importantes de la agenda política. Sin embargo, las estrategias del gobierno de sortear el camino democrático y republicano, hacen percibir que la búsqueda de soluciones para los temas decisivos queda cada vez más lejos. Campo; pobreza o corrupción, entre otros, han sido desplazados por acción del kirchnerismo en su intento desesperado por enfrentar la desconfianza y el descrédito de la sociedad.
El tratamiento en el Congreso de una legislación central como la Ley de Medios Audiovisuales, cae en profundas irregularidades por el apuro y la falta de debate apropiado en un marco de inusitada violencia, impropio de cualquier poder del Estado.
La Argentina necesita una legislación moderna e integral sobre medios de comunicación y sus realidades tecnológicas, pero sobre todo precisa una ley que garantice las libertades de expresión, de opinión, de prensa y de acceso a la información; y, además, asegure pluralidad de opiniones, igualdad de acceso y democratización de la comunicación, evitando cualquier concentración.
Los rasgos claramente objetables del proyecto oficial nos obligan a oponernos. La tendencia al autoritarismo junto a las evidentes violaciones constitucionales y el manejo arbitrario, se manifiestan en la pretensión de una autoridad de aplicación dependiente del poder de turno, junto a una alta injerencia estatal en la aplicación de las normas y en el control del uso de las licencias. Por otro lado, el régimen sancionatorio exhibe una falta de determinación del procedimiento aplicable, como así también una imprecisión en las conductas prohibidas y sus sanciones, lo que lesiona el principio de legalidad.
Temas ignorados por la iniciativa oficialista como el manejo y control de la pauta publicitaria oficial o el derecho a la información pública, desnudan otro aspecto bien allegado al autoritarismo. La propuesta vuelve a lo que mas le gusta al kirchnerismo: la extorsión, el apriete y los condicionamientos.
Esta ley es el instrumento que le faltaba a Kirchner para replicar el modelo Santa Cruz. Por más cambios que ha intentado la Presidente o sus diputados, está claro que el núcleo duro quedó intacto: más restricción, menos democracia.
En función de sus principios liminares, doctrina e historia, UCR en su dictamen defiende las libertades y el cumplimiento de las normas internacionales que protegen los derechos democráticos básicos; al tiempo que expone la necesidad de ponerle un límite a este gobierno aún a riesgo de afectar muchos intereses.
Desde el Radicalismo advertimos que el Estado -en el uso de sus atribuciones- es el administrador del bien público “espectro radioeléctrico”, y en ese sentido, promovemos su regulación pero sin lesionar garantías constitucionales. Asimismo, establecemos normas restrictivas a la conformación de posiciones dominantes; sostenemos la distribución equitativa y federal de la pauta publicitaria oficial; promovemos el desarrollo de la emisión en todo territorio nacional; creamos una autoridad de aplicación independiente y autárquica del poder central; sustentamos un régimen federal de asignación de licencias, a través de autoridades locales; democratizamos las autorizaciones y licencias por concurso (oponiéndonos de la discrecionalidad que promueve el gobierno); y contemplamos la innovación tecnológica para, por ejemplo, la TV digital, entre otras cuestiones fundamentales.
Estas son las bases de una legislación de fondo, junto a las iniciativas relacionadas con la despenalización de los delitos de calumnias e injurias para el ejercicio del periodismo y el derecho a réplica, vienen a forjar una verdadera política pública en materia de radiodifusión. Es decir, el cuerpo normativo que la Argentina democrática del siglo XXI reclama.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
ESTA SESION ES ILEGITIMA
El bloque de diputados de la UCR, durante la sesión especial para tratar la Ley de Medios Audiovisuales, subrayó que dicha sesión es ilegítima dado que se violó el reglamento de funcionamiento de la Cámara baja.
"Esta sesión especial es ilegitima. Esta cámara se constituyó fuera del tiempo dispuesto por el reglamento que indica que, pasada media hora del horario original, la discusión puede darse pero no tiene efectos legales. Estamos discutiendo uno de los pilares de la democracia en una sesión ilegítima", sostuvo el jefe del bloque de la UCR, Oscar Aguad.
La titular de la comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giúdici, criticó la composición de la autoridad de aplicación propuesta por el proyecto y a los peligros de manejo discrecional del kirchnerismo en el otorgamiento de permisos y licencias y enfatizó que "no puede legislarse en contra de ese derecho básico".
"El periodismo es un contrapoder, un poder más de la República por lo que se necesita lograr un equilibrio con el resto de los poderes" sostuvo Giudici.
En tanto, el diputado nacional Miguel Ángel Giubergia se preguntó “¿qué despacho de comisión estamos tratando?, porque el despacho de la mayoría, según lo establece el artículo 113 del reglamento de la Cámara Baja, debe estar por lo menos 15 días a consideración de los diputados”
El bloque de diputados de la UCR, durante la sesión especial para tratar la Ley de Medios Audiovisuales, subrayó que dicha sesión es ilegítima dado que se violó el reglamento de funcionamiento de la Cámara baja.
"Esta sesión especial es ilegitima. Esta cámara se constituyó fuera del tiempo dispuesto por el reglamento que indica que, pasada media hora del horario original, la discusión puede darse pero no tiene efectos legales. Estamos discutiendo uno de los pilares de la democracia en una sesión ilegítima", sostuvo el jefe del bloque de la UCR, Oscar Aguad.
La titular de la comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giúdici, criticó la composición de la autoridad de aplicación propuesta por el proyecto y a los peligros de manejo discrecional del kirchnerismo en el otorgamiento de permisos y licencias y enfatizó que "no puede legislarse en contra de ese derecho básico".
"El periodismo es un contrapoder, un poder más de la República por lo que se necesita lograr un equilibrio con el resto de los poderes" sostuvo Giudici.
En tanto, el diputado nacional Miguel Ángel Giubergia se preguntó “¿qué despacho de comisión estamos tratando?, porque el despacho de la mayoría, según lo establece el artículo 113 del reglamento de la Cámara Baja, debe estar por lo menos 15 días a consideración de los diputados”
No hay comentarios:
Publicar un comentario